La Corte Suprema de Luisiana suspendió el viernes el caso penal contra la fiscal caudillo del estado, Liz Murrill, un día luego de que fuera acusada de amenazar los puestos de trabajo de funcionarios de Nueva Orleans.
El tribunal superior del estado dijo que el tribunal nave y el fiscal distinto en el caso no siguieron los procedimientos adecuados en el proceso relacionado con la delación, incluidos múltiples informes de los medios locales de que el tribunal esposó y bloqueó a un periodista que intentaba informar sobre la obra del gran delegación.
La suspensión del viernes deja el caso en suspenso, al menos por ahora. Murrill, una republicana, dijo que tiene la intención de pedir a un tribunal que desestime el caso, que muestra una profunda brecha entre los funcionarios estatales republicanos y los demócratas que controlan la ciudad más poblada del estado.
“Espero que esta caza de brujas política no sea un presagio de lo que vendrá”, dijo en un comunicado el viernes, “pero me temo que lo es”.
El tribunal superior encontró fallas en la delación
La delación de 16 cargos presentada el jueves por un gran delegación de Nueva Orleans acusó a Murrill, la primera mujer fiscal caudillo del estado, de intimidación y mala conducta.
La Corte Suprema dice que los cargos tenían fallas profundas.
“Esta delación parece poner patas hacia lo alto la ley y surge de lo que parecen ser defectos e irregularidades procesales extraordinarios”, dijo el tribunal en un documento firmado por el magistrado Jay McCallum, un republicano.
El tribunal dice que es probable que existan conflictos de intereses que involucren a Laurie White, la fiscal distinto y ex magistrado estatal que presentó los cargos, incluido el hecho de que la oficina del fiscal caudillo la defiende contra una demanda por acoso sexual.
La explicación de McCallum además señala que la ley utilizada en el cargo de intimidación contra Murrill requiere que las amenazas sean “ilegales o incluyan una amenaza de daño corporal o asesinato”.
El tribunal además concluyó que es probable que la fiscal caudillo consiga que se desestime el caso y que sufriría un daño irreparable si el proceso sigue delante.
La orden fue emitida por los cuatro jueces republicanos y un demócrata. El otro demócrata del tribunal, un independiente, disintió. El magistrado John Guidry, demócrata, criticó la rápida audacia de sus colegas. “El oportuno proceso y la igualdad de protección en presencia de la ley no permiten que nadie corte la tendencia y que sus asuntos sean considerados de forma más preferencial que otros”, escribió.
El caso surge de una reestructuración controvertida del sistema contencioso
El caso es consecuencia de una importante batalla política en Luisiana.
Este año, el estado abolió el trabajo de secretario del tribunal penal de Nueva Orleans, fusionándolo con otro puesto de secretario contencioso. Esa obra se produjo meses luego de que Calvin Duncan, quien pasó décadas en prisión antaño de que se anulara su condena por crimen, fuera seleccionado para el cargo de secretario penal.
Murrill y otros funcionarios republicanos se han inepto a confesar la inocencia de Duncan, aunque figura en el Registro Franquista de Exoneraciones.
El tribunal señaló que Duncan estuvo representado anteriormente por White, lo que calificó de “probable conflicto de intereses”.
Una carta de Murrill a los miembros del concejo municipal de Nueva Orleans y a la alcaldesa Helena Tostado llegó luego de que el concejo municipal estableciera una dilema distinto que le habría poliedro a Duncan la oportunidad de habitar el puesto combinado de secretario. Murrill dijo a los funcionarios que podrían perder sus cargos por violar las leyes estatales que prohíben el apoyo a un funcionario no calificado.
Murrill ha dicho que estaba haciendo su trabajo.
Luego de que se emitiera la delación el jueves, el gobernante de Luisiana, Jeff Landry, un republicano, dijo que perdonaría a Murrill. El gobernante además dijo en las redes sociales que estaba ordenando a la policía estatal que investigara “las supuestas irregularidades de este gran delegación y de quienes lo dirigieron”.
El viernes, el gobernante agradeció a la Corte Suprema y calificó la delación como “una caza de brujas política” contra Murrill.
